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CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

LaBolsa.com
13 de marzo de 2002 

El impacto que tendrá la ampliación de la UE en la economía española se traducirá en dos décimas menos de crecimiento del PIB entre 2004 y 2007, lo que supone una caída del 2 por ciento, como consecuencia del ajuste de los fondos estructurales, el impacto de la inversión directa y los nuevos flujos comerciales, según el estudio de La Caixa "La ampliación de la UE, efectos sobre la economía española". Hasta el año 2013, este menor crecimiento del PIB se reduciría en un 1 por ciento.

El estudio indica que la mayor caída de la producción real tendrá su origen en el ajuste estructural en el sector manufacturero -químico, alimentación, papel, productos metálicos-, lo que refleja la "incapacidad generalizada" de la industria española para ganar mercado exterior sin ceder mercado doméstico. Por su parte, el sector servicios registrará inicialmente pérdidas menos significativas.

A su vez, y como reflejo de la caída de la producción, se experimentará un incremento gradual de la tasa de paro, que se traducirá en un aumento del desempleo en varias décimas anuales, alrededor de un incrememento del 1 por ciento entre 2004 y 2007.

Sobre el impacto en precios y salarios, la ampliación provocará una "notable" caída en todos los indicadores, así como un deterioro de la balanza corriente y del déficit público.

El estudio de 'La Caixa' señala también que de mantenerse los actuales criterios europeos para recibir las ayudas objetivo número 1 de los fondos estructurales, las actuales diez regiones españolas beneficiarias de los mismos hasta 2007 podrían quedarse sólo en dos comunidades, Andalucía y Extremadura, y, "a duras penas", Galicia.

Para evitar esta situación, el estudio aboga por llevar a cabo una reforma de la Política Agraria Común (PAC), de tal manera que las ayudas agrícolas disminuyan paulatinamente en favor de las ayudas estructurales que son más productivas, así como la posibilidad de repartir los fondos de acuerdo al desarrollo realtivo de los Estados para evitar el "enriquecimiento estadístico" de las regiones españolas.

La economía española, con motivo de la ampliación a 10 ó 12 países en el año 2004, perdería también las ayudas del Fondo de Cohesión, debido a que sólo las regiones mencionadas estarían por debajo del 75 por ciento de la renta de la nueva UE que, a su vez, sería un 12 por ciento menor que la actual, por lo que España quedaría cerca de la renta media de los 27 países.

Asimismo, los autores del estudio, Carmela Martín y José Antonio Herce explicaron en su presentación que el efecto sobre el PIB es sólo una "hipótesis" y señalaron que la economía española tendrá que hacer también frente a otro tipo de "riesgos" como consecuencia de la ampliación, entre los que destacan los nuevos flujos comerciales y el "impacto" a través de la inversión directa.

Aunque la aparición de un mercado europeo más amplio aportará a la economía española nuevas oportunidades de negocio, toda vez que las exportaciones de España a estos países sólo suponen el 1,8 por ciento del total y el 1,4 por ciento de las importaciones españolas, los autores afirman que el saldo comercial con estos países puede decrecer después de la ampliación, lo que también contribuiría a un menor crecimiento del PIB a corto plazo.

Respecto a la inversión directa en los países candidatos, el estudio de 'La Caixa' indica que la inversión española en estos países sólo representa el 0,5 por ciento del total de la inversión extranjera, por lo que los autores instaron a las empresas españolas a aumentar su presencia en estos países, habida cuenta que sus costes laborales son un 16 por ciento inferiores a los españoles y un 30 por ciento si se corrige el poder adquisitivo.

De lo contrario, reiteraron que el coste sobre el PIB puede traducirse en un 1,7 por ciento menos de crecimiento hasta el año 2013 respecto al que se daría en el escenario sin ajustes de la inversión directa en los países candidatos a la ampliación.

En materia de inmigración, 'La Caixa' afirma que los ciudadanos procedentes de estos países no superarán la tasa del 0,1 por ciento de la población española en 2015, por lo que no será un fenómeno de especial envergadura para España ni, en su mayor parte, para los actuales países miembros de la UE.

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD.


Para evitar todos estos efectos negativos de la ampliación sobre la economía española, los autores del informe abogan por mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones, la formación laboral para favorecer la competitividad del trabajo, incrementar los gastos en I+D y mejorar la eficiencia del sector público.

En este sentido, concluyen que todas estas medidas son necesarias para compensar "lo que de todas las maneras son riesgos inherentes a una construcción supranacional que en su conjunto ha sido y, si se aprovecha adecuadamente, seguirá siendo muy positiva para la economía española".


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