La junta de acreedores de Española del Zinc, celebrada el día 31 de enero, aprobó el convenio de acreedores propuesto por la compañía con el fin de facilitar la superación de la insolvencia mercantil en que se encuentra y garantizar su viabilidad a largo plazo.
El grupo indicó hoy en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que a la junta concurrieron acreedores que titulan créditos ordinarios por valor de 24,16 millones de euros, el 92,40% del total, lo que supone una cantidad superior a la mitad del pasivo ordinario. Los votos a favor del convenio de acreedores correspondieron a acreedores que titulan créditos ordinarios por importe de 11,62 millones de euros, mientras que los votos en contra representaban 2,18 millones de euros y las abstenciones 2,18 millones de euros.
Este convenio también pretende procurar la mayor satisfacción posible de los derechos de créditos, en función de la previsible capacidad económica de generación de recursos de la deudora, y la obtención de financiación ajena, para acometer las inversiones necesarias para la continuidad de la actividad.
Para conseguir estos objetivos, Española del Zinc establecerá un marco de seguridad jurídica en las relaciones entre la deudora y los acreedores sometidos al convenio, y diseñará un plan de pagos, bajo criterios de prudencia y sometidos a diversos mecanismos de garantía de cumplimiento.
También concretará la forma de financiación del convenio y su pago, así como la fijación de una serie de medidas de control y seguimiento compatibles con la normalización de la actividad empresarial.
La razón por la que la compañía solicitó ser declarada en concurso voluntario de acreedores fue la ausencia de liquidez para hacer frente a los gastos corrientes y a los suministros necesarios para mantener en funcionamiento la actividad productiva.
Española del Zinc no ha podido abastecerse de materias primas y aprovechar el momento de expansión de la demanda de zinc, con precios de venta muy favorables con respecto a los expedientes administrativos de cierre de instalaciones productivas por incumplimiento de la normativa medioambiental y deterioro de la situación laboral de la compañía.
A pesar de las operaciones de financiación realizadas y de los "fuertes esfuerzos" económicos de los accionistas vertidos en pro de la actividad, la compañía "se ha visto sumergida en una fuerte crisis de tesorería, lo que provocó que no pudiera cumplir con las obligaciones que le eran exigibles, así como una situación de endeudamiento e insolvencia".
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